Por Enrique GUZMÁN de ACEVEDO, Director de EUROLATINNEWS
VALPARAISO, Chile (EUROLATINNEWS) – Una vasta campaña internacional que aboga por la urgente libertad de la documentalista chilena Elena Varela, detenida hace un año cuando estaba filmando la problemática situación del pueblo Mapuche, quedó abierta en Chile con el apoyo de intelectuales y agrupaciones solidarias de América Latina y Europa, esencialmente de Francia y Bélgica.
La luz verde de tal campaña surgió en los salones de la Universidad Arsis de Valparaíso, una noche otoñal de este mayo 2009, poco después de que la propia Elena Varela –aprovechando las horas de libertad que le permite su actual arresto domiciliario- explicara ante un numeroso público los detalles de su detención, el 7 de mayo del 2008, tras ser allanada su casa, en el Lago Licanrray (Sur de Chile) por la policía civil que decomisó más de 300 cintas sobre los Mapuches.
Después de ser internada durante tres meses en una cárcel de alta seguridad acusada de « terrorismo » y de « dos asaltos terroristas », fue trasladado a otra prisión y a comienzos del año 2009 salió de la cárcel para ser sometida a un régimen de «arresto domiciliario» (de 22H00 a 08H00) en Santiago a la espera de su condena.
«Me están amenazando con una condena de 9 a 15 años de prisión por decir la verdad", indicó. "La fuerza de la gente de la tierra, que en el sur del país lucha contra las empresas forestales que destruyen bosques y contra las empresas hidroeléctricas que secan la tierra de las comunidades Mapuches, me llevó hace cinco años al sur para informarme mejor e informar mejor en mis documentales sobre este drama humano», dijo la documentalista a un grupo de estudiantes y profesores universitarios.
El hecho de que varios mapuches fueron detenidos en 2007 y acusados de ser «terroristas» por defender sus derechos, la incitó a filmar el documental «La fuerza de la gente de la tierra», en el que expone la «injusticia que afecta a los pueblos mapuches, que han sufrido el allanamiento policial y la destrucción de sus viviendas y tierras».
«Les aplican la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista –aplicadas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-90)- por haber recuperado 77 mil hectáreas forestales pertenecientes a los Mapuches», señaló en presencia de representantes de los indios Mapuches, que expresaron su apoyo a la documentalista, subrayando «su valentia, su gran fuerza, gran coraje y energía para luchar sin miedo contra las injusticias».
«En el año 2000 habían 30 presos políticos en Chile. Hoy, en el 2009, hay más de 70», precisó. También dijo que el documental «Newen Mapuche» incluye nombres de autoridades y declaraciones sobre los Mapuches, dejando en evidencia el carácter «represivo y facista del Estado», antes de informar que se ha formado «una organización de coordinación de apoyo » a su causa, que es la causa Mapuche, con participación de grupos universitarios y comunidades solidarias nacionales, latinoamericanas y europeas.
La documentalista dijo que fue detenida cuando estaba filmando el documental, que nadie le informó de que delito era acusada y que posteriormente se enteró de las acusacioens de terrorismo y de estar vinculada a dos asaltos bancarios perpetrados por extremisrtas de izquierda en 2005 en el sur de Chile.
«Yo estaba aterrorizada cuando allanaron mi casa, cuando me detuvieron y se llevaron mis documentos, pues habían unos 10 autos policiales y unos 40 hombres de civil», recuerda. Tras su detención, el año pasado, Amnistía Internacional (AI) abogó por una "acción urgente" en favor de la documentalista, al tiempo que un grupo de intelectuales nacionales y extranjeros exigía "un juicio justo" para la cineasta.
El caso de Elena Varela levantó una ola de protestas de organismos humanitarios y del gremio de documentalistas y cineastas chilenos y argentinos, pero la prensa nacional prácticamente ha ignorado tales protestas que han tenido más repercusión entre los corresponsales extranjeros acreditados en Chile.
Antes de ser condenada a seis meses de "prisión preventiva" por la jueza Andrea Urbina, "para que la fiscalía investigue" el caso --según explicó en esa ocasión la propia magistrada--, la policía civil incautó el material fílmico de cuatro años de trabajo que la cineasta, productora, guionista, compositora y directora de la empresa "Ojo Film" había acumulado para el documental "Newen Mapuche".
Este documental está basado en la lucha del pueblo Mapuche por recuperar sus derechos a ocupar tierras ancestrales ubicadas en la sureña región de la Araucanía, cuya capital es Temuco, a 673 kilómetros al sur de Santiago.
Al márgen de las graves acusaciones de haber financiado y ser supuestamente autora intelectual de dos asaltos perpetrados hace cuatro años en dos localidades sureñas por ex-militantes del ultraizquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), tanto Amnistía Internacional como grupos de intelectuales chilenos y argentinos lanzaron sendas campañas para la urgente recuperación del material fílmico de la cineasta y para que ella tuviese un "juicio justo" basado en el estricto respeto de los derechos fundamentales.
La documentalista dijo que hasta hoy no ha recuperado el material fílmico incautado por la policía en su casa.
Entre los intelectuales que el año pasado salieron en defensa y apoyo de la documentalista figuran el Premio Nacional de literatura José Miguel Varas, los cineastas Silvio Caiozzi y Patricio Guzmán, así como los Premios Nacionales de Periodismo Faride Zerán y Juan Pablo Cárdenas.
Ellos exigían un "juicio justo, presunción de inocencia y libertad provisional" para la documentalista, pidiendo además su desvinculación de los supuestos delitos que se le atribuyen y el respeto integral a su derecho de autor. Al respecto, en una declaración entregada a la prensa, los intelectuales consideran que la incautación del material fílmico de la cineasta constituye "una grave violación de la libertad de expresión, del derecho de autor y del secreto profesional que ampara a las fuentes de un reportaje periodístico".
La propia acusada envió desde la cárcel tres cartas a la Ministra de Cultura, Paulina Urrutia, para pedir la devolución de sus documentos. En una de estas misivas, hecha pública por el gremio de los documentalistas, Elena Varela expresa su inocencia en los delitos imputados y pide el resguardo de los equipos de filmación y del material fílmico incautados durante el allanamiento de su residencia, solicitando además el respeto por los testimonios de todas las personas entrevistadas por ella para el documental.
"(...) Aquí estoy perseguida, inculpada, y detenida de cargos que no he hecho. Lo que en verdad he realizado es la búsqueda de memoria, la razón de la lucha de muchos grupos sociales, y lo he realizado junto a muchos otros profesionales del area audivisual", explica, precisando que desde 2004 investiga "el conflicto del pueblo Mapuche con las (Empresas) Forestales y con el Estado, cosa que ha sido muy difícil", señala no sin antes denunciar "la inmensa represión que se ha sometido" a los actores sociales de este capítulo de la realidad chilena.
Haciéndose eco de este clamor conjunto, la Ministra Urrutia, propuso en el 2008 al Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, aplicar medidas de protección y resguardo para el material incautado a la cineasta, planteando asimismo el respeto al derecho de "reserva de la fuente de información". La ministra aprovechó la ocasión para entregar al Fiscal un Informe Técnico elaborado por un grupo de profesionales dirigidos por el Director de la Cinetaca Nacional, Ignacio Aliana, con el inventario del material incautado a la documentalista chilena.
Fuentes del gremio audiovisual explicaron a EUROLATINNEWS que el material incautado se refiere únicamente a la lucha que por sus ancestrales derechos a la tierra mantienen desde hace muchos años los Mapuches del sur de Chile y que nada tiene que ver con los presuntos delitos por los que está acusada la documentalista detenida en 2008 junto a seis miembros de su equipo.
En medio de las protestas de intelectuales chilenos y argentinos, el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Sergio Laurenti, había lanzado el año pasado un llamamiento de "acción urgente" en favor de la documentalista, pues "más allá de las acusaciones de carácter penal que puedan existir, es inadmisible la limitación a la libertad de expresión y el secuestro de los materiales que se han hecho del trabajo de documentación que Elena Varela estaba haciendo".
Fuentes del sector recordaron que el 17 de marzo 2008 los documentalistas franceses Christopher Cyrill Harrison y Paul Rossi, que también investigaban sobre el conflicto mapuche, fueron detenidos y maltratados en Collipulli, en la Región de la Araucanía, antes de ser liberados sin cargos, huyendo despavoridos del país por haber sido --dijeron-- "tratados como delincuentes y de pertenecer a ETA (Organización separatista vasca armada)".
Lo mismo ocurrió con los documentalistas italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, detenidos el 3 de mayo 2008 en la zona, por haber metido también las narices en el conflicto mapuche, antes de ser expulsados del territorio por disposición de la Intendencia de la Araucanía.
"Nos trataron como terroristas...", dijeron los italianos.
Al recordar estas cuatro detenciones, los intelectuales que firmaron en 2008 el llamamiento en favor de la documentalista chilena, subrayan la necesidad de impedir por todos los medios que los materiales documentales "sean manipulados, violados en su privacidad por terceros y usados como material de investigación o prueba policial".
El grito Mapuche de « justicia » está vivo en esos documentales.
(EUROLATINNEWS)
VALPARAISO, Chile (EUROLATINNEWS) – Una vasta campaña internacional que aboga por la urgente libertad de la documentalista chilena Elena Varela, detenida hace un año cuando estaba filmando la problemática situación del pueblo Mapuche, quedó abierta en Chile con el apoyo de intelectuales y agrupaciones solidarias de América Latina y Europa, esencialmente de Francia y Bélgica.
La luz verde de tal campaña surgió en los salones de la Universidad Arsis de Valparaíso, una noche otoñal de este mayo 2009, poco después de que la propia Elena Varela –aprovechando las horas de libertad que le permite su actual arresto domiciliario- explicara ante un numeroso público los detalles de su detención, el 7 de mayo del 2008, tras ser allanada su casa, en el Lago Licanrray (Sur de Chile) por la policía civil que decomisó más de 300 cintas sobre los Mapuches.
Después de ser internada durante tres meses en una cárcel de alta seguridad acusada de « terrorismo » y de « dos asaltos terroristas », fue trasladado a otra prisión y a comienzos del año 2009 salió de la cárcel para ser sometida a un régimen de «arresto domiciliario» (de 22H00 a 08H00) en Santiago a la espera de su condena.
«Me están amenazando con una condena de 9 a 15 años de prisión por decir la verdad", indicó. "La fuerza de la gente de la tierra, que en el sur del país lucha contra las empresas forestales que destruyen bosques y contra las empresas hidroeléctricas que secan la tierra de las comunidades Mapuches, me llevó hace cinco años al sur para informarme mejor e informar mejor en mis documentales sobre este drama humano», dijo la documentalista a un grupo de estudiantes y profesores universitarios.
El hecho de que varios mapuches fueron detenidos en 2007 y acusados de ser «terroristas» por defender sus derechos, la incitó a filmar el documental «La fuerza de la gente de la tierra», en el que expone la «injusticia que afecta a los pueblos mapuches, que han sufrido el allanamiento policial y la destrucción de sus viviendas y tierras».
«Les aplican la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista –aplicadas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-90)- por haber recuperado 77 mil hectáreas forestales pertenecientes a los Mapuches», señaló en presencia de representantes de los indios Mapuches, que expresaron su apoyo a la documentalista, subrayando «su valentia, su gran fuerza, gran coraje y energía para luchar sin miedo contra las injusticias».
«En el año 2000 habían 30 presos políticos en Chile. Hoy, en el 2009, hay más de 70», precisó. También dijo que el documental «Newen Mapuche» incluye nombres de autoridades y declaraciones sobre los Mapuches, dejando en evidencia el carácter «represivo y facista del Estado», antes de informar que se ha formado «una organización de coordinación de apoyo » a su causa, que es la causa Mapuche, con participación de grupos universitarios y comunidades solidarias nacionales, latinoamericanas y europeas.
La documentalista dijo que fue detenida cuando estaba filmando el documental, que nadie le informó de que delito era acusada y que posteriormente se enteró de las acusacioens de terrorismo y de estar vinculada a dos asaltos bancarios perpetrados por extremisrtas de izquierda en 2005 en el sur de Chile.
«Yo estaba aterrorizada cuando allanaron mi casa, cuando me detuvieron y se llevaron mis documentos, pues habían unos 10 autos policiales y unos 40 hombres de civil», recuerda. Tras su detención, el año pasado, Amnistía Internacional (AI) abogó por una "acción urgente" en favor de la documentalista, al tiempo que un grupo de intelectuales nacionales y extranjeros exigía "un juicio justo" para la cineasta.
El caso de Elena Varela levantó una ola de protestas de organismos humanitarios y del gremio de documentalistas y cineastas chilenos y argentinos, pero la prensa nacional prácticamente ha ignorado tales protestas que han tenido más repercusión entre los corresponsales extranjeros acreditados en Chile.
Antes de ser condenada a seis meses de "prisión preventiva" por la jueza Andrea Urbina, "para que la fiscalía investigue" el caso --según explicó en esa ocasión la propia magistrada--, la policía civil incautó el material fílmico de cuatro años de trabajo que la cineasta, productora, guionista, compositora y directora de la empresa "Ojo Film" había acumulado para el documental "Newen Mapuche".
Este documental está basado en la lucha del pueblo Mapuche por recuperar sus derechos a ocupar tierras ancestrales ubicadas en la sureña región de la Araucanía, cuya capital es Temuco, a 673 kilómetros al sur de Santiago.
Al márgen de las graves acusaciones de haber financiado y ser supuestamente autora intelectual de dos asaltos perpetrados hace cuatro años en dos localidades sureñas por ex-militantes del ultraizquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), tanto Amnistía Internacional como grupos de intelectuales chilenos y argentinos lanzaron sendas campañas para la urgente recuperación del material fílmico de la cineasta y para que ella tuviese un "juicio justo" basado en el estricto respeto de los derechos fundamentales.
La documentalista dijo que hasta hoy no ha recuperado el material fílmico incautado por la policía en su casa.
Entre los intelectuales que el año pasado salieron en defensa y apoyo de la documentalista figuran el Premio Nacional de literatura José Miguel Varas, los cineastas Silvio Caiozzi y Patricio Guzmán, así como los Premios Nacionales de Periodismo Faride Zerán y Juan Pablo Cárdenas.
Ellos exigían un "juicio justo, presunción de inocencia y libertad provisional" para la documentalista, pidiendo además su desvinculación de los supuestos delitos que se le atribuyen y el respeto integral a su derecho de autor. Al respecto, en una declaración entregada a la prensa, los intelectuales consideran que la incautación del material fílmico de la cineasta constituye "una grave violación de la libertad de expresión, del derecho de autor y del secreto profesional que ampara a las fuentes de un reportaje periodístico".
La propia acusada envió desde la cárcel tres cartas a la Ministra de Cultura, Paulina Urrutia, para pedir la devolución de sus documentos. En una de estas misivas, hecha pública por el gremio de los documentalistas, Elena Varela expresa su inocencia en los delitos imputados y pide el resguardo de los equipos de filmación y del material fílmico incautados durante el allanamiento de su residencia, solicitando además el respeto por los testimonios de todas las personas entrevistadas por ella para el documental.
"(...) Aquí estoy perseguida, inculpada, y detenida de cargos que no he hecho. Lo que en verdad he realizado es la búsqueda de memoria, la razón de la lucha de muchos grupos sociales, y lo he realizado junto a muchos otros profesionales del area audivisual", explica, precisando que desde 2004 investiga "el conflicto del pueblo Mapuche con las (Empresas) Forestales y con el Estado, cosa que ha sido muy difícil", señala no sin antes denunciar "la inmensa represión que se ha sometido" a los actores sociales de este capítulo de la realidad chilena.
Haciéndose eco de este clamor conjunto, la Ministra Urrutia, propuso en el 2008 al Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, aplicar medidas de protección y resguardo para el material incautado a la cineasta, planteando asimismo el respeto al derecho de "reserva de la fuente de información". La ministra aprovechó la ocasión para entregar al Fiscal un Informe Técnico elaborado por un grupo de profesionales dirigidos por el Director de la Cinetaca Nacional, Ignacio Aliana, con el inventario del material incautado a la documentalista chilena.
Fuentes del gremio audiovisual explicaron a EUROLATINNEWS que el material incautado se refiere únicamente a la lucha que por sus ancestrales derechos a la tierra mantienen desde hace muchos años los Mapuches del sur de Chile y que nada tiene que ver con los presuntos delitos por los que está acusada la documentalista detenida en 2008 junto a seis miembros de su equipo.
En medio de las protestas de intelectuales chilenos y argentinos, el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Sergio Laurenti, había lanzado el año pasado un llamamiento de "acción urgente" en favor de la documentalista, pues "más allá de las acusaciones de carácter penal que puedan existir, es inadmisible la limitación a la libertad de expresión y el secuestro de los materiales que se han hecho del trabajo de documentación que Elena Varela estaba haciendo".
Fuentes del sector recordaron que el 17 de marzo 2008 los documentalistas franceses Christopher Cyrill Harrison y Paul Rossi, que también investigaban sobre el conflicto mapuche, fueron detenidos y maltratados en Collipulli, en la Región de la Araucanía, antes de ser liberados sin cargos, huyendo despavoridos del país por haber sido --dijeron-- "tratados como delincuentes y de pertenecer a ETA (Organización separatista vasca armada)".
Lo mismo ocurrió con los documentalistas italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, detenidos el 3 de mayo 2008 en la zona, por haber metido también las narices en el conflicto mapuche, antes de ser expulsados del territorio por disposición de la Intendencia de la Araucanía.
"Nos trataron como terroristas...", dijeron los italianos.
Al recordar estas cuatro detenciones, los intelectuales que firmaron en 2008 el llamamiento en favor de la documentalista chilena, subrayan la necesidad de impedir por todos los medios que los materiales documentales "sean manipulados, violados en su privacidad por terceros y usados como material de investigación o prueba policial".
El grito Mapuche de « justicia » está vivo en esos documentales.
(EUROLATINNEWS)
1 comentario:
Una vez mas se puede ver la tendendencia del gobierno a besar el trasero de los grandes mafiosos de Chile . Los que manipulan y mienten solo por conseguir sus objetivos que al final es apoderarse de todo como lo esta haciendo los mafiosos de los Estados Unidos , de quien en el fondo son los que les han dado el ejempl por generaciones . Que lastima que unos cuantos se venden y no hacen justicia, pero la verdad siempre sale a la luz
Fuerzas Elena Varela que rogare por ti al Todopoderoso que siempre ve a los justos y los recompensa de alguna manera aqui o alla en la vida eterna
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